Postergada evaluación censal a los docentes

Amigas y amigos,

Como muchos saben, el día de hoy se ha postergado una evaluación censal a los docentes del sector público en el Perú. Esta evaluación no figuraba en el Plan de Gobierno del APRA, fue fruto de una declaración del Presidente García, sin coordinación previa con su gabinete y menos aún con la Comisión de Educación del Congreso, o con el Consejo Nacional de Educación, ni menos con el Acuerdo Nacional.

Este improvisado proceso está sirviendo para sacar a la luz los múltiples intereses políticos y económicos que se juegan en la educación pública. No se trata simplemente de hacer una evaluación "técnicamente correcta". Como señala José Rouillón del Foro Freire, es necesario consensuar y llega a acuerdos pero, para ello, es necesario a su vez tener en claro cuáles son las causas de las divergencias, qué intereses están tras ellas. Veamos algunos.

Los dos actores más visibles en este conflictivo proceso de evaluación son el Ministerio de Educación y el SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana). Al Ministerio le interesa llevar adelante la evaluación para poner el énfasis en la mala calidad de los docentes, lo cual nos coloca a nosotros en la raíz del problema: "si la educación está tan mal, es por que los profesores no saben enseñar y no saben lo que enseñan". También les interesa seguir la plana del Banco Mundial que, en un libro editado en 2004 "Nuevo Contrato Social para el Perú" recomienda claramente: establecer estándares, hacer rendir cuentas, y brindar apoyo (ver el capítulo 3, escrito por Luis Crouch). Esta es, supuestamente, la lógica del proceso de evaluación que se está llevando a cabo. De forma bastante simplificada, ciertamente.

¿Y por qué les interesa a los altos funcionarios del Ministerio de Educación y a los asesores y consultores seguir la plana del Banco Mundial? Considero que una de las razones más importantes es que de esa institución provienen parte de los recursos económicos del sector educación. Porcentualmente, el aporte es poco, no llega al cinco por ciento del presupuesto del sector. Pero ese aporte financia los proyectos de desarrollo e investigación. Vale decir, de allí salen partidas como los pagos de los consultores... ¿se capta cuál es la naturaleza de los intereses'

Veamos a otro de los actores, el SUTEP. Este sindicato controla desde hace unos veinte años una institución denominada "Derrama Magisterial". En el Perú, los maestros nombrados, unos 250 mil, son prácticamente inamovibles, y todos ellos aportan, de forma obligatoria y directa, unos cinco dólares mensuales a esta Derrama, que funciona como fondo previsional. La Derrama ha desarrollado un sistema de préstamos a los maestros. Le presta a cada maestro hasta unos tres mil dólares. Las cuotas se las descuenta directamente de la planilla, a través del Banco de la Nación. Si analizamos este sistema, veremos que la morosidad es cercana a cero: la Derrama le presta a un funcionario con estabilidad prácticamente absoluta, y le descuenta directamente de la planilla. Pensemos, ¿qué sucede si se implementa un sistema de evaluación docente que permite, luego de un cierto tiempo de apoyo y capacitación, retirar a los docentes que demuestren que no son capaces? Pues sucede que probablemente muchos de los que sean retirados tendrán deudas con la Derrama... ¿Y cómo le cobrará la Derrama, si es separado del sector? Tremendo problema para los administradores de la Derrama, ¿verdad? Pues allí tenemos otros intereses en juego.

El panorama es bastante complejo, sería interesante si, de forma sustentada y desapasionada, intentamos poner sobre la mesa las distintas causas que hacen tan conflictivo y tortuosos un proceso de evaluación docente, que es parte de las muchas estrategias a seguir para mejorar nuestra educación.

Abrazos,

Gonzalo Cobo
Lima, Perú