Evaluación docente: Urgente y necesaria, pero no así ni ahora - Patricia Arregui

EVALUACIÓN DOCENTE: URGENTE Y NECESARIA, PERO NO ASÍ NI AHORA

Patricia Arregui
GRADE

Nadie duda del potencial de la evaluación como instrumento para mejorar la gestión educativa, los procesos pedagógicos y, por esa vía, los aprendizajes escolares. Sabemos que es necesario y urgente evaluar el uso efectivo y la suficiencia de los recursos públicos que el país destina a la educación. Reconocemos que es importante evaluar el impacto que han tenido los cambios en el currículo y la dotación masiva de textos. Creemos indispensable evaluar los efectos de los programas y políticas del sector. Y, claro está, reclamamos evaluar la calidad de instituciones y programas de formación docente, el dominio que los maestros tienen de las materias que enseñan, su idoneidad psíquica y moral y su desempeño profesional en las aulas.

En este contexto, puede parecer extraño el reiterar a estas alturas fuerte reticencia frente a la programada evaluación censal de los maestros de la educación básica pública del país organizada en tiempo record por mandato presidencial. Es que, como dice el refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano.

En los planes divulgados, faltan aún muchos elementos de una buena evaluación. No se ha reflexionado, coordinado ni concertado lo suficiente como para garantizar que su diseño, aplicación y análisis sean útiles. No se ha informado suficientemente qué conocimientos o capacidades específicas van a ser evaluadas ni con qué criterios “cualitativos”. No se conoce las especificaciones que han guiado la elaboración de las pruebas, la experiencia que sus autores tienen en ese campo ni los mecanismos de validación que se han podido usar en tan corto lapso. No es claro qué se va a aprender que no se conozca ya ampliamente a partir de pruebas que han rendido miles de docentes en años recientes para obtener plazas o como parte de estudios de diversa naturaleza.

La promesa de que los resultados serán usados para diseñar programas personalizados de capacitación a implementarse en universidades el próximo mes parece bastante fantasiosa. Más aun, y contra la intención de este gobierno, la manera apresurada en que se está procediendo restará legitimidad y debilitará a la evaluación como instrumento de políticas, ya que su eficacia para impulsar procesos de mejoramiento depende en gran parte de la confianza que tengan los docentes y la ciudadanía en el rigor, calidad y pertinencia de los instrumentos utilizados.

El proceso en curso hace menos viable la pronta implementación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Obstaculiza y retrasa el debate y aprobación de una nueva ley de carrera pública magisterialque tenga en la evaluación un mecanismo fundamental para el ingreso, ascenso y salida del ejercicio docente. Absorbe energías y recursos que merecerían estar más bien orientados a diseñar un paquete integrado de medidas que pudieran contribuir a un muy necesario fortalecimiento de la profesión docente. Enturbia el ambiente de manera tal, que hace poco posible imaginar una puesta marcha del Proyecto Educativo Nacional, al cual han expresado su adhesión miles de maestros del país, luego de haber participado en su elaboración y revisión.

No veo nada bueno que pueda surgir de este ejercicio. Quedarán desprestigiados tanto la cúpula gremial que no ha sabido o podido responder de manera inteligente y oportuna ante los primeros anuncios de la evaluación y parece haber preferido negociar privilegios o continuidades como un ministerio que se limita “sí o sí” a cumplir la voluntad suprema del gobernante, sin objetivos claros ni viables. Se corre el riesgo, además, de sufrir las consecuencias de medidas violentistas impulsadas por infiltrados y fundamentalistas que están prestos a agudizar contradicciones por doquier, con el resultado de que se enducerán posiciones.

Con ello, disminuirán las posibilidades de poder empezar a realizar las reformas serias e integrales señaladas en el Proyecto Educativo Nacional que acaba de endosar el Acuerdo Nacional, pues ellas requieren el apoyo y esfuerzo (y evaluación, pero buena y rigurosa!) de los maestros. El Presidente García tiene una oportunidad de demostrar una vez más que es capaz de anteponer las demandas sociales y el bien común a sus propias inclinaciones y voluntad y de que toma tan en serio su relación con el magisterio peruano como la del Estado con la nación venezolana.